Credenciales militares que se extendieron, tras el bando firmado en Burgos el 28 de julio de 1936, a toda la zona bajo mando insurgente, con una sociedad que pudo comprobar cómo el Código de Justicia Militar (CJM) se imponía como normativa legal de obligado cumplimiento y con ello la preeminencia de los consejos de guerra. Y paradojas de esta jurisdicción, comenzaron a aplicarse los delitos de rebelión o adhesión a la rebelión a quienes defendían el orden constitucional representado por la República. Desnaturalización, pues, del contenido de unos delitos que pone de manifiesto el grado de alteración jurídica alcanzado en esta zona.